Denuncian que en las fincas confiscadas a Castedo se talaron 150.000 árboles

Por las picadas, la Secretaría de Ambiente también abrió un proceso de sanción por desmonte ilegal.

Liliana Ledesma fue asesinada en Salvador Mazza el 21 de septiembre de 2006, tras denunciar un cierre de caminos vecinales para dejar la línea caliente de Madrejones bajo el control de un clan de las drogas. Poco antes, en FM Noticias, Ledesma había señalado como presuntos miembros de la red narco al fallecido exdiputado Ernesto Aparicio y a los hermanos Delfín y Raúl Castedo.

Días atrás, otros pequeños productores de la zona prendieron una nueva luz de alerta, esta vez denunciando a una sociedad ligada a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y a autoridades del municipio fronterizo por abrir picadas que, según afirman, favorecerían el contrabando.

La presentación penal sacó a relucir nuevamente los manejos irregulares por los que la administración que puso la Justicia Federal en las fincas confiscadas a Delfín Castedo enfrenta más de un sumario en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.

Hugo Muñoz, el administrador avalado por la UBA, comenzó a abrir caminos en la zona de El Sauzal sin estudios de impacto aprobados, por lo que para la autoridad de aplicación provincial esas picadas suponen un desmonte irregular. De hecho, el martes último, luego de que El Tribuno diera cuenta de la denuncia penal que radicó Héctor Barroso, propietario de una finca de El Sauzal, el organismo amplió el expediente sumarial por el que la Sociedad Administradora de Campos de la UBA ya recibió una multa.

Muñoz habría recurrido la sanción económica, aunque no se equipararía ni por asomo con los daños ambientales vislumbrados.

Pobladores de la zona empezaron a denunciar hace más de un año ante destacamentos policiales y de Gendarmería del norte salteño las talas ilegales que siguen teniendo a la principal universidad pública del país mezclada con obrajeros, transportistas, intermediarios y aserraderos de Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal. Y el escenario del insólito festival maderero no es otro que el de las fincas que la Justicia Federal confiscó en Salvador Mazza, en el marco de una de las causas iniciadas contra Delfín Castedo por narcotráfico, y que confió desde 2019 a la Sociedad Administradora de Campos de la UBA.

Los procedimientos y sumarios desprendidos de las primeras denuncias se remontan hasta fines de 2019, pero la depredación forestal, según parece, nunca cesó en las 19.953 hectáreas de la finca El Aybal. Lugareños aseguran que, lejos de ello, las talas clandestinas se extendieron también a las 4.737 hectáreas de la colindante finca El Pajeal.

"En áreas de monte cerrado ya se talaron no menos de 150.000 árboles", estimó uno de los lugareños, que compartió con este diario varias fotografías donde se ven rollizos de cedro, urundel, cebil, quina, lapacho y palo amarillo listos para ser transportados hacia distintos aserraderos con guías que están en la mira. "La salida de camiones es constante y no sabemos qué papeles presentan en los controles camineros", apuntó otro pequeño productor de Madrejones.

Hay fuertes sospechas de un uso irregular de guías forestales. “Talan a mansalva y del peor modo”, afirmó uno de los productores, tras remarcar que en las profundidades de la finca El Aybal el bosque de transición deja ver incontables tocones, de unos 30 a 40 centímetros, como prueba de la explotación maderera irregular.
La intervención de las fincas El Aybal y El Pajeal fue resuelta en diciembre de 2017 por el juez federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, ante un requerimiento formulado por los fiscales Diego Iglesias (a cargo de la procuraduría de Narcocriminalidad), José Luis Bruno (Orán), Leonel Gómez Barbella (subrogante de Lomas de Zamora), Eduardo Villalba y Carlos Amad (estos últimos de Salta).
El área que abarca a ambas fincas está pintada de amarillo (categoría II) en el mapa de ordenamiento territorial. Por el valor de conservación de sus bosques nativos, no se permiten allí desmontes, sino algunos aprovechamientos forestales sostenibles.
La Sociedad Administradora de Campos de la UBA presentó en 2019 un proyecto de aprovechamiento que autorizó la autoridad de aplicación provincial, pero lugareños afirman que el festival maderero está reñido con el plan aprobado y piden que se extremen los procedimientos para frenar la degradación ambiental de las fincas por las que Castedo, eventualmente, podría llegar a entablar a futuro una millonaria demanda. 
 

Medida cautelar

En la finca El Aybal rige una prohibición de innovar dictada a favor de Delfín Castedo. La cédula parcelaria del catastro 17163 del departamento San Martín tiene inscripta la medida judicial desde el 2 de octubre de 2019 y con vigencia por cinco años.
No es un dato menor, ya que ante las talas ilegales y desmontes no autorizados, Castedo podría entablar a futuro una millonaria demanda contra el Estado.
Por lo pronto, fuentes con conocimiento de lo que allí sucede estimaron los daños ambientales ya causados en unos 10 millones de dólares.
 

Fuente: SALTA | http://www.eltribuno.info

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