El activismo extorsivo solo profundiza la crisis social

El desalojo de un campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, y la maniobra para lograr que las personas que ocupaban un predio en Guernica, fueron dispuestos por la Justicia y materializados el mismo día por las policías de cada jurisdicción, pero ambos episodios muestran ambigedades de los gobiernos que solo anticipan mayor retroceso económico y social del país. Estamos ante un problema que es nacional y que en cada provincia adopta distintas características.

En Salta se han producido cerca de doscientas usurpaciones en 2019. La más impactante, desde hace casi seis meses, afecta la vida en la zona sudeste de la ciudad, con la presencia de activistas armados, entre ellos, Yuthiel Alderete, detenido hace dos semanas, luego de infinidad de denuncias por diversos delitos que plantearon los vecinos, pero ni el Gobierno ni la Justicia encontraron aún una solución definitiva y dentro de la ley para este verdadero desafío a la democracia.

En todo el país, la complicidad de funcionarios, dirigentes e intelectuales es una señal clara de la influencia de sectores que no entienden la propiedad privada como la forma más eficiente de producción y generación de empleo sino como un bien de consumo que debe ser repartido. Una generosidad que, por cierto, no reflejan en sus vidas. La contraposición entre "derecho a la propiedad" y "derecho a la vivienda" es una falacia insostenible. Lo que la gente reclama es, justamente, el derecho a la "vivienda propia" y esa necesidad ha sido abordada con éxito cada vez que el Estado desarrolló planes de vivienda con financiamiento hipotecario y cuando los beneficiarios pagaron la deuda.

En el caso Etchevehere, fue bochornosa la utilización de un conflicto familiar para una usurpación impulsada por Juan Grabois, activista sin escrúpulos, cuyo poder se asienta en el dinero del Estado y en su capacidad para sacar provecho de la necesidad de mucha gente. La presencia de funcionarios nacionales y entrerrianos durante la usurpación en la finca de Etchevehere es indicio de la fragilidad del Gobierno para afrontar la profunda crisis nacional, que ya acumula una década de desinversión, entre otras cosas, por falta de garantías. Este episodio grotesco fue otra luz roja a nivel internacional, que se suma al caso Vicentín y a las diatribas anticapitalistas de medio gabinete en lo que parece una metódica campaña para alejar inversores.

Grabois, que desde el comienzo mantuvo un discurso amenazante hacia Alberto Fernández, el jueves lo agravió nuevamente al pedirle "que dejen de ceder ante el poder fáctico".

En realidad, como antes frente a la insurrección policial, el Gobierno nacional y el bonaerense vuelven a ceder ante la extorsión violenta. La asignación de 300.000 pesos a los usurpadores no es más que una invitación a seguir usurpando.

El Presidente dio otra muestra de fragilidad al elogiar el viernes al Proyecto Artigas, un mesiánico plan de "repoblación del país" que consiste en que el Estado asigne $750.000 millones anuales para desplazar a millones de personas de las periferias urbanas y reemplazar la producción agropecuaria eficiente por huertas y granjas familiares. La falta de seriedad del programa queda la vista cuando su autor, avalado por la CGT, invoca las políticas impulsadas por el caudillo de la Banda Oriental, hace 200 años, y el Plan Marshall que llevó adelante Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción productiva y democrática de Europa y, de ese modo, frenar el avance de la Unión Soviética. Lo que propone Grabois se asemeja, en cambio, a las "soluciones económicas" impulsadas por el chavismo en Venezuela.

En Salta y en todo el país, las usurpaciones reflejan una necesidad de muchas personas excluidas del trabajo y de la educación; una necesidad que es aprovechada por los oportunistas de la política.

La Argentina no soporta más experimentos antidemocráticos. Las autoridades deben asumir el compromiso de reconstruir el trabajo, la paz, el orden jurídico y la justicia social, acompañadas por la ciudadanía y sin ceder a la extorsión de un activismo irresponsable que no representa a nadie.

 

Fuente: SALTA | http://www.eltribuno.info

También te puede interesar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.