La crisis sanitaria y económica, en la Salta profunda

El interior provincial se encuentra en situación límite tal como lo demuestra un pequeño recorrido por sus municipios.

La pandemia frenó al turismo y se sumó a la paralización del desarrollo rural, provocada por la falta de infraestructura ferroviaria, de estímulos al desarrollo de la industria alimentaria y, sobre todo, por la vigencia de un ordenamiento territorial anacrónico e irresponsable, que debería ser reemplazado con urgencia.

No hay ingresos, no hay trabajo y no hay esperanza.

Las comunas carecen de recursos propios y la gente ve disminuir su calidad de vida, día a día, de manera agobiante y sin perspectivas de mejoras en el corto plazo.

Síntomas de subdesarrollo

La pobreza, el desempleo, la falta de un sistema de salud pública, el déficit educativo y la escasa seguridad crecen y son síntomas de subdesarrollo que se evidencian a cada paso. Ocurre en todo el país, pero sus efectos son diferentes según las localidades.

Este año, se estima, Salta llegará a casi 1.500.000 habitantes, de los cuales cerca de 700.000 viven en el departamento Capital.

En estos días el Indec anunció un incremento nacional de la pobreza por ingresos que llegó al 42 por ciento y la indigencia, al 11 por ciento. Ese porcentaje coincide con el de Salta, pero es importante destacar que solo fue relevada la población de la Capital y que Salta sintió más que ninguna otra provincia la caída del empleo privado.

 EN LOS SECTORES DONDE NO HAY BACHES, NO EXISTEN BANQUINAS

 

Los datos son preocupantes, pero si se busca el fondo de la cuestión, son catastróficos.

El Censo 2010 fue más allá de la Encuesta Permanente de Hogares, relevó todo el territorio e informó que el 19,4 por ciento de los hogares salteños tenía Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Pero mientras que en la capital afectaban a 12, 8 por ciento, en Rivadavia llegaban al 49 por ciento, en Orán al 30,2 por ciento, en San Martín al 26 y en Anta al 27 por ciento.

Son ejemplos de la asimetría local. Poco ha cambiado desde hace once años.

No llueve maná del cielo

El problema es estructural, refleja la degradación de nuestra macroeconomía, que figura entre las cinco más inestables del mundo.

Pero los problemas de las provincias no se pueden resolver esperando que llueva maná del cielo hasta que se resuelvan los problemas externos.

La pandemia agudiza la crisis de un país que viene retrocediendo desde hace cuatro décadas, pero que tras la crisis de 2001 presenta un escenario global de decadencia, con dirigencias enfrascadas en enfrentamientos inútiles.

La Argentina está decayendo y todos se aferran a fórmulas ya fracasadas, coloreadas con distintos matices.

El sistema rentístico, de coparticipación federal de impuestos, es determinante.

Por una parte, erosiona la generación de empleo genuino porque desalienta la inversión, entre otras cosas, por una carga tributaria insostenible.

Pero mientras aumentan los impuestos, la producción retrocede. El resultado está a la vista: en pocos años se duplicó el gasto público en relación con el Producto Bruto, porque aumentaron el número de empleados del Estado, las jubilaciones sin aporte ni ingresos definidos y los subsidios al consumo, la energía, la pobreza y el desempleo.

Así se mata a la gallina de los huevos de oro.

Sin cuentas fiscales en orden y buena oferta de empleo privado, no hay solución.

Hace unos años en el Foro de Intendentes salteños se escuchaba decir: "¿Puede ser mi función pagar 400 sueldos y no hacer nada para mejorar el pueblo?" .

Es que la idea clientelar de la democracia es insostenible. Un intendente que reparte plata compra votos, pero no cumple su función como gobernante local. Y la plata se termina.

La pandemia ha tenido efectos devastadores, por la cuarentena y por el déficit alimentario que vuelve más vulnerables a los habitantes de nuestro interior.

Hoy existe déficit de vehículos sanitarios y de equipamiento de hospitales y centros de salud; faltan profesionales de la salud y es insuficiente la llegada a los sectores más alejados de los centros urbanos.

Y ese reclamo cae en las intendencias, que carecen de presupuesto para darles respuesta.

Las escuelas estuvieron cerradas durante un año y muchos edificios quedaron desvencijados. Y ese es otro reclamo que llega a los jefes comunales, que no pueden resolverlo.

Se rompe un patrullero, que es de jurisdicción provincial, y el municipio debe repararlo antes que resignar movilidad y seguridad para sus vecinos.

Para un intendente, no tener respuestas para su gente compromete su autoridad y su futuro.

Intendentes itinerantes

Hoy es frecuente ver frente a las sedes municipales interminables colas de vecinos que llevan reclamos legítimos, pero para los que no hay solución a la vista.

La historia de "Voy a patear puertas" es antigua. Existe siempre la posibilidad de un limosneo que sensibilice a algún funcionario nacional y brinde una ayuda, que nunca es gratis.

La impotencia hizo que muchos intendentes actuales de Salta trasladaran su oficina, establecieran un sistema de trabajo a distancia, por teléfono u "on line", para sortear "las esperas y la desesperación de los vecinos".

Algunos reciben fondos frescos que bajan directamente de la administración nacional y que les permiten salir del paso.

De hecho, hoy dependen de la coparticipación y de las ayudas externas.

La sensación de muchos intendentes, concejales y empresarios es que los municipios, como están, "son inviables". "No tienen nada que ver esta realidad con el proyecto de desarrollo federal", añaden.

La fragilidad genera dependencia económica y compromiso político. Así nace, crece y se reproduce el clientelismo electoral.

La decadencia es de origen externo, pero también endógeno. La Provincia debe coordinar con los intendentes políticas proactivas que generen inversión, trabajo y calidad de vida para salir de esta situación o al menos plantear un plan sostenible con ese objetivo.

A pesar de la pandemia, la Provincia debería revisar y corregir todas las trabas locales para el desarrollo agroganadero, que es el motor del desarrollo humano.

Es urgente un relevamiento social en todas las localidades, sin esperar al futuro Censo.

Es imprescindible analizar cuáles son las verdaderas condiciones ambientales que imponen el acuerdo de París y la FAO para habilitar toda la producción.

Fuente: SALTA | http://www.eltribuno.info

También te puede interesar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.